LEY N° 31096, LA NORMALIZACIÓN DEL TRANSPORTE INFORMAL

La informalidad vehicular es un problema que aqueja al país, especialmente a Lima Metropolitana, región con mayor presencia de transportes informales en Perú, ya que trae consigo grandes consecuencias que ponen en peligro la seguridad vial y afectan en el crecimiento económico de los trabajadores formales.

En abril de este año, Luis Aragón, del partido político Acción Popular, presentó el proyecto para modificar la ley N°31096. Esta ley autoriza el uso de taxis colectivos que pertenezcan a la categoría de M1 y que tenía un plazo de cuatro años, sin embargo, el cambio que presentó Aragón permite que cualquier tipo de vehículo funcione como transporte colectivo y que el tiempo se amplíe a diez años, permitiendo que la informalidad crezca.

En la modificación de ley, se establece que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), junto a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancía (SUTRAN), serían las entidades que tomarán acto de esta ley. Sin embargo, al darse a conocer esta ley, la ATU rechazó totalmente el empadronamiento de estos vehículos colectiveros. "Con respecto a las declaraciones del alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, precisamos lo siguiente: La ATU no realizará ningún empadronamiento de autos colectivo, porque estos están prohibidos en Lima y Callao, según la ley N°31096″, indicaron en una publicación de X (antes Twitter).

Aprobar esta ley pondría en riesgo tanto la vida de los pasajeros, como la vida del propio conductor informal; el mayor riesgo de esta ley es implementar al mini van como medio de transporte, ya que este tipo de vehículo no pasó las pruebas de seguridad y hasta el propio país fabricador de estas, China, prohíbe su venta.